Blog del Centro de Referencia Estatal Alzheimer (CREA)

DOLORES M. BURGOS DEL PINO (1), JOSÉ IGNACIO ROBLES SÁNCHEZ (2) | (1) PSICÓLOGA, MÁSTER EN PSICOGENTOLOGÍA, (2) DOCTOR EN PSICOLOGÍA, ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA En este artículo se trata de informar a quienes pudieran estar interesados en el proceso de incapacitación y los recursos de protección disponibles para las personas afectas de enfermedades que producen deterioro cognitivo. Un recurso legal necesario y no muy conocido. Para que una persona pueda ser declarada incapaz tiene que cumplir una serie de requisitos y haber una sentencia judicial firme que demuestre que cumple con las condiciones que exige la ley, y esto es, según el artículo 200 del Código Civil, que la persona padezca cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica que le impida su autogobierno. Se expone la normativa vigente y el procedimiento a seguir ante la presunción de incapacidad de una persona, así como las diferentes medidas y figuras que vienen recogidas en el artículo 215 del Código Civil. Por ejemplo, el tutor, que será el representante legal de la persona con demencia y el administrador de sus bienes; el curador, que se encargará de administrar sus bienes pero no su persona; y el defensor judicial, quien representa y ampara los intereses del tutelado en los casos en los que pueda haber conflicto entre la persona tutelada y sus tutores. Otra figura que aparece en el Código Civil, en el artículo 303, es la guarda de hecho, que es la persona que, sin orden judicial que la nombre, ejerce de tutor de forma temporal y se encarga de realizar los actos en beneficio del incapacitado. A lo largo del artículo, se explicitan los deberes y derechos de estas figuras. Otro aspecto que se trata en el artículo es la normativa en cuanto a responsabilidad civil y responsabilidad penal o criminal, puesto que es conveniente saber que la primera se mantiene pese a estar incapacitado. Se exponen también la Autotutela y el Documento de Instrucciones Previas. Ambos son documentos que puede adoptar cualquier persona que tenga suficiente capacidad de obrar, y persiguen preservar las voluntades de la persona y respetar su autonomía, en previsión de ser incapacitada en un futuro. La primera se utiliza para lo relacionado con la incapacitación, designación de tutor, etc., y la segunda para lo relacionado con la salud y cuidados. Finalmente, se realiza una búsqueda de sentencias en una base de datos entre los años 2005 y 2012, centrándose en aquéllas en las que aparecen implicadas personas con demencia, con el fin de mostrar los diferentes engaños y situaciones ilegales en los que se ven implicadas estas personas. Se encuentran un total de 122 sentencias del Tribunal Supremo entre las que destacan como motivos más frecuentes por los que se acude a este Tribunal, la apropiación indebida y/o estafa y pensión/indemnización. El artículo incluye una discusión de dichas sentencias y las conclusiones a las que se llega tras su análisis, en las cuales se recomienda iniciar el proceso de incapacitación de una persona con demencia, para que se nombre un tutor que la represente y cuide de ella y de sus bienes, puesto que, como se puede contrastar con los ejemplos mostrados, de las diferentes sentencias analizadas, se hace necesario en multitud de ocasiones.

JUAN SISO MARTÍN PROFESOR DE DERECHO SANITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DEL IMSERSO Y DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DERECHO SANITARIO La enfermedad de Alzheimer, auténtico universo clínico, es en realidad, una variante de un grupo de demencias y aunque el debate se centra en su etiología y terapias, hay una evidencia científica acerca de sus manifestaciones clínicas. Estamos en presencia de una patología que ocasiona una grave afectación de la capacidad de la persona que la padece. Sufren una auténtica patología de la libertad. En estas situaciones se producen distorsiones especiales de la capacidad de entender y por tanto de decidir. Esta enfermedad degenerativa neuronal sitúa a quien la padece en un progresivo deterioro de sus capacidades intelectivas. El daño que se produce en la persona que la sufre y en su entorno familiar es difícilmente comprensible por quien no conoce esta realidad. Estas personas, no obstante, no pierden de forma brusca e instantánea sus capacidades y por ello han de ser reputadas capaces hasta que el deterioro que sufren haga imposible mantener esta consideración. Es capital entender que un enfermo de alzhéimer, mientras no se encuentre en las fases avanzadas de su patología, es una persona a la que hay que presumir capaz y dispensarle idéntico trato que a un sujeto en posesión de todas sus potencialidades, sin precisar de la presencia o intermediación de ningún representante. Escuchar, informar, valorar su opinión y ayudar a decidir a estas personas es el sustrato imprescindible para construir una atención sanitaria digna y para tratar de estabilizar, en la medida de lo posible en cada caso, la autoestima de estos colectivos. Sucede así en la generalidad de las actuaciones profesionales hacia ellos, pero en algunas ocasiones se olvida y socialmente ni es admisible ni nos conviene como colectivo humano que somos. Conviene llamar la atención sobre este supuesto, ante el grave y dramático riesgo de considerar a estos enfermos personas sin valor y cerrarles el acceso a una atención sanitaria equitativa y solidaria. Urge abandonar la idea de que en esta sociedad impere un terrible sálvese quien pueda y los débiles, no pueden. Cuando en determinados terrenos vitales ya nada cabe esperar tiempos mejores, sí que se puede exigir, sin embargo, ser tratado con dignidad. El grado de evolución de una sociedad podemos medirlo por la sensibilidad que tiene y la consideración que dispensa hacia sus miembros más débiles.