El patrimonio protegido de las personas con discapacidad

Eloísa Acevedo NietoTrabajadora Social. Máster en Intervención a personas con enfermedad de Alzheimer de la USAL

La demencia es uno de los problemas sanitarios más importantes de las sociedades de países desarrollados, cada vez más ancianas. Según las proyecciones demográficas de Eurostat (2011), el número de europeos mayores de 65 años va a pasar de los 87 millones registrados en 2010 a 124 millones en 2030, lo que supone un incremento sin precedentes de este grupo de edad, que llegará al 42 %. En la actualidad se estima que hay 13 millones de pacientes de Alzheimer en todo el mundo, de los que 800.000 se encuentran en España. La tasa de diagnóstico además se sitúa tan solo en un 60%, puede estimarse que en realidad existen más de 20 millones (MARTÍNEZ A., 2009, p.26). Como señala MARTÍN A. (2009):

«El Alzheimer no es una enfermedad mortal pero, una vez diagnosticada, el paciente siempre morirá con Alzheimer y, en todos los casos, la comorbilidad es mayor. Esto quiere decir que el padecer Alzheimer aumenta las posibilidades de ciertos factores de riesgo que pueden causar la muerte. Por ejemplo, tienen mayor riesgo de accidentes urbanos y domésticos al tener la capacidad cognitiva deteriorada; aumenta la posibilidad de agravamiento de otras enfermedades adquiridas, por ejemplo las infecciosas, al no tener un control estricto de la medicación; tienen mayor probabilidad de tener infecciones al tener con frecuencia escaras; y, en fases tardías, por ejemplo, sufren un alto riesgo de desnutrición al fallar los instintos más básicos de supervivencia». (p.16)

Por otra parte, las personas mayores cuya capacidad psíquica merma progresivamente se encuentran muy expuestas a sufrir abusos dada su fragilidad física y su baja capacidad de defenderse; la situación es particularmente grave cuando son sus propias familias las que adoptan estos comportamientos deplorables.

De ahí, la necesidad de procurar medidas que aseguren la protección no sólo de su persona sino también de su patrimonio. En el ámbito personal, contábamos ya con la incapacitación, que podía suponer el establecimiento de una tutela o de una curatela, según los casos, e incluso el internamiento involuntario. La ley 41/2003 da un paso más regulando la autotutela y procurando una serie de mecanismos de protección patrimonial de las personas con discapacidad; uno de ellos es precisamente el patrimonio protegido, que es el tema a que dedicamos este trabajo.

Nuestro objetivo es estudiar esta nueva herramienta de protección patrimonial con que cuentan las personas con discapacidad -el patrimonio protegido- poniéndola en relación con el creciente número de casos de Alzhéimer u otras demencias. Siendo el Alzhéimer una enfermedad neurodegenerativa que va cada vez a más convirtiendo al individuo paulatinamente en un ser totalmente dependiente, y conociendo los costes directos que suponen los cuidados de estas personas (gastos sanitarios, sociales, hospitalización, visitas médicas, medicación, ayuda doméstica, centros de día, centros geriátricos, entre otros), y las limitaciones económicas de nuestro sistema para sufragar al 100% los gastos derivados de la dependencia, la constitución de patrimonio protegido puede coadyuvar en la satisfacción de las necesidades vitales de sus beneficiarios.

Teniendo en cuenta el carácter progresivo de la enfermedad, la necesidad de respetar su voluntad mientras es capaz de tomar decisiones…, sería posible que una persona que acaba de ser diagnosticada de Alzheimer en una fase inicial, consciente de su enfermedad, de lo que le pasa, trate de ir adoptando medidas de protección, decidiendo por sí mismo mientras pueda hacerlo, en previsión de la evolución que va a llevar su enfermedad y ordenar, por ejemplo, a su futuro tutor que constituya un patrimonio protegido que permita satisfacer sus necesidades vitales hasta el final . Tratándose de algo genético, sabiendo que uno tiene predisposición a padecer la enfermedad, podría por ejemplo a través de un documento de voluntades anticipadas decir que en caso de llegar a padecer la enfermedad se cree un patrimonio protegido para garantizarse esos cuidados futuros y elegir a la persona que considera más capacitada/idónea para administrar ese patrimonio proporcionándole atención a sus necesidades vitales.

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